Ciudad Juárez.— Mientras el Gobierno Federal mantiene como uno de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsar un programa masivo de escrituración para otorgar certeza jurídica a miles de familias, en Ciudad Juárez el primer paquete para regularizar 263 viviendas de Loma Blanca permanece detenido desde el 20 de julio en el Registro Público de la Propiedad, en medio de versiones encontradas sobre un convenio de mandato indispensable para continuar con el procedimiento.
El caso forma parte de un proyecto de mayor alcance encabezado por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), mediante el cual se pretende avanzar inicialmente con 757 familias y, posteriormente, dentro de un proceso que contempla alrededor de 5 mil regularizaciones.
Sin embargo, el primer bloque de 263 familias continúa sin avanzar hacia la escrituración debido a que el instrumento jurídico presentado ante el Registro Público de la Propiedad permanece en proceso de calificación.
La controversia surgió luego de que desde el INSUS se señalara que el convenio de mandato no había podido ser localizado dentro del procedimiento registral,
El registrador público Roberto Silveyra rechazó que el convenio se encuentre extraviado y sostuvo que el trámite permanece detenido porque durante la revisión fueron detectados expedientes que no cuentan con la totalidad de la documentación necesaria para obtener una resolución favorable.
El documento ingresó al Registro Público de la Propiedad desde el pasado 20 de julio y, hasta ahora, continúa apareciendo en el sistema institucional bajo el estatus de documento en calificación, es decir, todavía sujeto a revisión administrativa.
Esa condición ha generado cuestionamientos debido a que, si durante la evaluación fueran detectadas formalmente omisiones o inconsistencias que impidieran continuar con el trámite, el procedimiento tendría que avanzar hacia una resolución u observación que permitiera al INSUS conocer las deficiencias y subsanarlas.
Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable no habría recibido de regreso el instrumento para realizar alguna corrección específica.
El problema trasciende una diferencia administrativa entre dependencias.
Detrás del expediente se encuentran 263 familias de Loma Blanca que integran el primer bloque de regularización y continúan esperando un documento que les permita acreditar jurídicamente la propiedad de los terrenos que durante años han ocupado y pagado.
El mecanismo utilizado para avanzar en este proceso es un convenio de mandato, figura jurídica mediante la cual Gabino Solís González, propietario original de la extensión territorial que posteriormente fue lotificada y vendida, otorga facultades al INSUS para intervenir como representante dentro del proceso de regularización y escrituración.
A través de ese instrumento, el organismo federal puede realizar los actos jurídicos y administrativos necesarios para transformar la posesión de las familias en propiedad legalmente reconocida.
La regularización del suelo no es únicamente un programa administrativo federal.
Forma parte de los compromisos establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro de su programa de gobierno. El compromiso 48 contempla la política nacional de vivienda, mientras que el número 49 establece un programa masivo de escrituración destinado a entregar certeza jurídica sobre su patrimonio a familias que durante años han permanecido en condiciones irregulares.
El Gobierno Federal ha planteado estas acciones como parte de una estrategia nacional que involucra a la Federación, estados y municipios, con la participación del INSUS para destrabar asentamientos y terrenos que carecen de documentación definitiva.
Por ello, la paralización del procedimiento de Loma Blanca coloca el caso en una dimensión política mayor: un compromiso presidencial que busca acelerar la regularización de viviendas enfrenta en Juárez un prolongado proceso de revisión registral antes de que pueda llegar a las primeras familias beneficiarias.
El Registro Público sostiene que no existe pérdida alguna del convenio y atribuye el retraso a expedientes incompletos.
Del otro lado, el INSUS mantiene pendiente conocer formalmente las observaciones que permitan corregir cualquier posible deficiencia y destrabar el proceso.
Mientras las dependencias determinan dónde se encuentra el obstáculo administrativo y quién debe subsanarlo, la regularización permanece inmóvil.
Y detrás de esa discusión institucional no solamente existen expedientes, folios o procesos de calificación.
El primer compromiso inmediato involucra a 263 hogares; posteriormente deberán incorporarse 757 familias dentro del mandato inicial y el proyecto general contempla avanzar hacia alrededor de 5 mil regularizaciones.
Para quienes llevan años esperando una escritura, cada día que el procedimiento permanece detenido prolonga la incertidumbre sobre uno de sus principales patrimonios: su vivienda.
El reto ahora será determinar si el expediente requiere correcciones, si existen documentos pendientes o si la revisión puede finalmente liberarse para continuar con la escrituración.
Porque mientras cualquier diferencia administrativa o institucional puede resolverse entre oficinas, las familias de Loma Blanca continúan esperando que el compromiso de certeza jurídica anunciado desde la Presidencia de la República logre cruzar también las ventanillas del Registro Público de la Propiedad.
